La Minería Avanza
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¿Hasta cuando va a seguir así? Las empresas obtienen, si o si, sus concesiones. Los pueblos pierden sus tierras y se rebelan. Y el Estado reprime cada vez con más fuerza. La misma historia se repite una y otra vez a lo largo y ancho del Perú, y nadie parece querer cambiar la situación. Lo más preocupante es que varios de esos conflictos están a punto de estallar, y podrían tener graves consecuencias, como lo sucedido el 5 de junio en Bagua.
Desde Alerta Perú hemos cubierto en numerosas ocasiones varios de estos casos: La Zanja, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), Chinalco en la provincia de Yauli (Junín), El Tingo, en la provincia de Hualgayoc (Cajamarca), Hocol Perú en Condorcanqui (Amazonas), Barranquita (San Martín), Tia María en Islay (Arequipa), el proyecto Río Blanco en Huancabamba (Piura) y el de Afrodita en el Cenepa (Amazonas). Todos estos casos son similares entre si: la población se opone a los proyectos, temiendo que estos afecten su modo de vida o que contaminen sus tierras; pero el Estado, buscando promover la inversión, los ignora y los reprime.
Uno de los más preocupantes es el de El Tingo. Aquí el Ministerio de Energía y Minas ha impuesto el derecho de servidumbre sobre 34 hectáreas pertenecientes a los campesinos del Tingo. Los campesinos han denunciado que ha sido un proceso con varias irregularidades, como la convocatoria a una reunión en el distrito limeño de San Borja, a cientos de kilómetros de su comunidad. Tras no asistir a la reunión, el Ministerio otorgó la servidumbre a la empresa. Otro caso bastante preocupante es el de la minera Hocol, en el lote 116 de Condorcanqui, Amazonas. Este lote, se encuentra ubicado en territorio awajún, quienes se oponen a la presencia de la minera. La reacción del gobierno ha sido la instalación de una base militar. En Islay, más de 3 mil pobladores marcharon en contra del proyecto Tía María. El proyecto sigue en marcha, a pesar de que el año anterior mas del 90% de la población rechazó la presencia de la minería a través de una consulta popular. Con respecto al proyecto La Zanja, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), los ronderos y dirigentes venían realizando gestiones en el Congreso para evitar la instalación de una minera, ya que desean seguir viviendo de la agricultura. Sin embargo, uno de ellos fue detenido bajo el cargo de "robo agravado" en la puerta del Congreso. Después de unos días, y gracias al rechazo de la opinión pública, el dirigente fue liberado. En el Cenepa, en zona de frontera, la minera Afrodita viene operando sin tener ningún permiso para explorar ni explotar. Sin embargo, a pesar del rechazo de las comunidades indígenas de la zona, son protegidas por las Fuerzas Armadas. Y aunque no es una mina, en Barranquita el Grupo Romero ha deforestado la zona que le fue concesionada y no permiten el ingreso de las autoridades.
Así como estos, existen muchos otros conflictos en todo el país. La política del "perro del hotelano", promovida desde el gobierno para impulsar la inversión privada, esta facilitando la entrega y la concesión de territorios, en perjuicio de las comunidades que habitan en ellos. El resultado es el rechazo de este supuesto modelo "único" de desarrollo. Ante la escalada de la conflictividad, el gobierno debería replantearse su política y buscar un modelo alternativo de desarrollo que obtenga la aceptación de todos los ciudadanos.
