Caso Tía María: saludan acuerdo y exigen fin de concesiones mineras sin control
Por el momento, se llegó a un acuerdo. Tras un paro de siete días que estuvo a punto de ser violentamente desalojado por la Policía, la Mesa de Diálogo conformada por dirigentes del valle de Tambo (Islay, Arequipa), autoridades regionales y cinco ministros de Estado acordó suspender por 90 días el proceso de aprobación del proyecto cuprífero Tía María, de la transnacional Southern Perú. Otros puntos del acuerdo son la construcción de la represa Paltiture y declarar la intangibilidad de las aguas superficiales y subterráneas del valle arequipeño, y la conformación de una comisión técnica presidida por el ministerio del Ambiente que revisará el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la minera.
Pepe Julio Gutiérrez, dirigente del Frente de Defensa y del Medio Ambiente de Cocachacra, participó este mediodía de una conferencia de prensa vía telefónica y consideró que se trata de una victoria de la población del valle, pues se ha logrado un acuerdo que "en gran parte satisface las demandas del pueblo de Islay" gracias a una "contundente paralización" en la que participaron unas 15 mil personas y sin tener que lamentar mayores costos sociales. Gutiérrez resaltó el nivel de organización y la calidad humana de la población de Islay, que supo mantener una acción de fuerza de manera pacífica y que incluso brindó alimentos y medicinas a la Policía y a los viajeros varados por la toma de la carretera, hecho que ha sido callado en todos los idiomas por la gran prensa.
Gutiérrez también denunció que él y otros dos dirigentes están siendo procesados por el supuesto delito de "apología al terrorismo" y que inclusive pesa sobre ellos una orden de captura por informaciones difamatorias de funcionarios del Gobierno quienes los acusaron de promover que la población se arme de machetes, lo que es totalmente falso. Además, hay tres pobladores que fueron detenidos y luego liberados pero con orden de comparecencia, y dos jóvenes fueron heridos de bala en un conato de enfrentamiento con la Policía. El dirigente confió en que se cumpla con los acuerdos de la Mesa de Diálogo, entre ellos que se levante todos los cargos contra los manifestantes.
José de Echave, doctor en economía y experto en temas mineros, también participó de la conferencia de prensa y explicó que el tema de fondo es "el crecimiento caótico y desordenado de las concesiones mineras". De Echave mostró cifras que demuestran cómo el 55,8% de la provincia de Islay y el 62,5% del distrito de Cocachacra tienen denuncios mineros activos o en trámite. Este crecimiento minero descontrolado está causando conflictos en todo el país, más aún cuando "los instrumentos de evaluación ambiental han colapsado", según De Echave, quien inclusive citó un informe del Banco Mundial que pone en duda la calidad técnica de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y alerta sobre la poca capacidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM) -la entidad legalmente responsable de su aprobación- de revisarlos adecuadamente. De Echave también señaló que las "audiencias públicas" como la que iba a realizarse el lunes pasado "no son consultas ciudadanas, puesto que se convocan sin la anticipación debida y el MEM no está obligado a tomar en cuenta las opiniones" de los asistentes.
Por último, De Echave mostró un acta firmada el 19 de febrero en el distrito de Cocachacra por la vicepresidenta del Perú, Lourdes Mendoza del Solar, el presidente regional de Arequipa Manuel Guillén, varios congresistas de la región y alcaldes y dirigentes locales. En dicha acta, los firmantes acordaron que se respetaría los resultados de la consulta organizada por la municipalidad distrital el 2009 en la cual el 98% de los 3'131 votantes se expresó en contra de la actividad minera en el valle; también acordaban declarar la intangibilidad de la cuenca del río Tambo y pedir que se paralice el proceso de aprobación del proyecto Tía María. "Nada de esto se cumplió", señaló De Echave al tiempo que exigía que de ahora en adelante se cumplan los acuerdos.
En la conferencia de prensa también participaron Magdiel Carrión, vicepresidente de CONACAMI, Miguel Jugo, de APRODEH y Luis Isarra de la CGTP, quienes respaldaron la lucha del pueblo de Islay y saludaron que se haya llegado a un acuerdo de forma pacífica pero lamentaron que el Gobierno haya tenido que esperar a que estalle el conflicto para recién sentarse a dialogar. También exigieron el cumplimiento de los acuerdos y el fin de la criminalización de la protesta.
Cabe indicar que este acuerdo es un paso más en un conflicto complejo y que no garantiza aún ni la paz social futura ni el derecho del pueblo de Islay a decidir su propio modelo de desarollo. Una vez cumplido el plazo de 90 días, el Gobierno tendrá que decidir si permite o no la explotación minera en la zona, mientras que de manera mayoritaria lo que la población quiere es que la empresa sea expulsada y el proyecto Tía María sea definitivamente cancelado.
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