Publicado en Alerta Perú

15/07/2001 - El millonario pedido de indemnización planteado por la minera estadounidense Doe Run Perú (DRP) en contra del Estado peruano puede sentar un precedente a seguir por otras compañías, alertó José De Echave, responsable del proyecto de Industrias Extractivas de CooperAcción.

A través de Alerta Perú, De Echave expresó su malestar por la falta de reacción de parte del régimen de turno, que no sólo permitió que la empresa norteamericana incumpla con la ejecución de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en La Oroya, sino que además se da el lujo de llevar al Estado a un arbitraje internacional, con el argumento de haber recibido un "trato inequitativo" al amparo del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.

"Este será un proceso largo. El Estado peruano ha reaccionado de manera muy lenta; ha contratado a un par de estudios de abogados, pero aún no hay una estrategia ni se han definido los hitos de la defensa en este arbitraje", lamentó.

Además, criticó la limitada capacidad de reacción de nuestras autoridades ante la ofensiva mediática desplegada por DRP con avisos dentro y fuera país; así como ante el lobby construido en el Congreso norteamericano, donde ocho legisladores han respaldado la posición de Doe Run e incluso hay una carta enviada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde se le pide que suspende los créditos que está otorgando al Estado peruano.

"Es preocupante que una empresa que ha acumulado todas sus obligaciones de inversiones medioambientales en el país vaya a un proceso de arbitraje (...) Finalmente somos todos los peruanos que vamos a pagar si DRP obtiene esta indemnización", subrayó.

En ese contexto, opinó que no sería extraño pensar que otras empresas sigan el camino de DRP. Una de ellas podría ser la minera canadiense Bear Creek Mining Company, a la cual el Estado le retiró la concesión del proyecto Santa Ana en Puno mediante un Decreto Supremo.

"Es un DS no debidamente fundamentado y que vulnera los mecanismos que el propio Estado debería respetar. Por apagar el incendio de Puno se han cometido gruesísimos errores en materia legal y no se ha fundamenta adecuadamente un DS que por último se implemento para enfrentar el conflicto", puntualizó. (GV)

+ DATOS:

Doe Run reclama el pago de una indemnización de 800 millones de dólares, alegando que el Estado le exige el cumplimiento de sus obligaciones ambientales sin tomar en cuenta que el operador estatal - la empresa Activos Mineros- tampoco ha ejecutado las acciones que le correspondían dentro del PAMA en La Oroya (Junín).

Así mismo, la minera estadounidense asegura que atraviesa serios problemas de financiamiento, lo que lo ha llevado a un proceso concursal ante INDECOPI, en el que el Estado es el principal acreedor; lo que para la empresa constituye una amenaza de expropiación.

Esta semana, la minera Bear Creek Mining Company interpuso un recurso legal para recuperar la concesión de un depósito de plata en el sur de la región Puno, en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, revocada por el Gobierno tras violentas protestas antimineras.