Informe demuestra graves deficiencias de estudios de impacto ambiental
04/08/2011 - “No hay una correcta evaluación ambiental”. Esta es una de las conclusiones de un reciente informe de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) sobre la inversión petrolera en la amazonía, específicamente en la región de Ucayali. No sólo eso: el monitoreo de las impactos de la operación petrolera no los realiza el Estado, sino la propia empresa a través de "informes de parte". La investigación, publicada esta semana, también revela que no se viene cumpliendo con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, pese a que este derecho está vigente en nuestro país desde 1995.
El documento revisa de manera exhaustiva el estado de las inversiones petroleras en la región amazónica de Ucayali, en la que a la fecha existen 14 contratos vigentes, de los cuales uno se encuentra en explotación y los restantes están o en negociación con PerúPetro, o bien en exploración. Los casos estudiados afectan a más de un centenar de comunidades de las étnias Shipibo Conibo, Asháninka, Ashéninka, entre otras.
Alerta Perú conversó con María del Rosario Sevillano, del Programa Social Indígena de DAR y autora del informe en mención. “No se ha realizado consulta previa y hay poca eficiencia al hacer las evaluaciones ambientales”, señaló Sevillano. Respecto a la consulta, el sector de Energía y Minas ha declarado repetidas veces que sí cumple con ella a través de los talleres informativos y las audiencias públicas. Sin embargo, Sevillano aclara que “entendemos por consulta un proceso de diálogo, no se trata de una reunión con oralidad unilateral sino de una conversación recíproca, donde los afectados no hagan sólo comentarios o críticas. (Además) no hay un momento previo para evaluar, plazos adecuados”, detalló Sevillano, que ha revisado la metodología de las audiencias y talleres de PerúPetro.
En cuanto a los estudios de impacto ambiental, DAR recurrió a una institución internacional, la Alianza Mundial por el Derecho Ambiental (ELAW por sus siglas en inglés), que los revisó uno por uno concluyendo que existen severas falencias. “Muchas de las medidas propuestas en los EIA no tienen ni siquiera un compromiso en términos económicos para garantizar la remediación”, señala Sevillano. Además, ELAW considera que muchas de las afirmaciones que se hacen en los EIA son “arbitrarias”, pues la empresa no presenta datos, bibliografía, modelaciones o fuentes de información que permitan verificarla. Esto es reiterativo, por ejemplo, en la calificación de una afectación como más o menos grave, lo que aparentemente queda a juicio de la consultora. Otras deficiencias se refieren a los comprmosios de reforestación de las zonas deforestadas, al tratamiento de las aguas servidas y residuos del campamento, entre otras.
Las debilidades en la fiscalización ambiental también se dan en la etapa de explotación. El informe analiza el caso de la empresa Maple, responsable de la operación del lote 31-B, que se encuentra en explotación desde hace 14 años. “Tendría que haber un monitoreo de OSINERGMIN, pero no lo hace, sólo recibe informes de parte de la empresa. Definitivamente un informe de parte no puede ser considerado por el Estado como algo válido”, reclama Sevillano. “A la fecha ya ha habido cuatro derrames en esta zona y no hay capacidad institucional para responder”, señala.
“Falta institucionalidad social y ambiental”, concluye Sevillano. Por ello, recomienda al nuevo Gobierno una serie de medidas específicas, tales como dar mayor protagonismo al INDEPA en los procesos de negociación y fiscalización ambiental en territorios indígenas. También, convertir la evaluación ambiental en un procedimiento multisectorial o a cargo del Ministerio del Ambiente: “Un sector no puede ser juez y parte, promover una actividad y al mismo tiempo fiscalizarla”, aseguró.
Durante los últimos años el Gobierno promovió fuertemente el ingreso de inversiones extractivas en la amazonía. La extensión de territorio amazónico con lotes de hidrocarburos se incrementó del 2004 al 2009, pasando del 9% al 59%. En muchos casos, estos lotes están superpuestos con áreas protegidas por el Estado, con tierras indígenas tituladas y territorios indígenas ancestrales, incluso con reservas propuestas para indígenas en aislamiento voluntario. (PM)
