16/08/2011 - ¿Y los derechos de la madre tierra? Recientes decisiones del Gobierno de Evo Morales han puesto en cuestión su defensa internacional de la Pachamama y del “buen vivir” indígena. En este caso, se trata del inicio de la construcción de una carretera que afectará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, conocido por sus siglas como TIPNIS. La obra, que no ha sido consultada con los tres pueblos originarios que habitan la reserva, y que tampoco cuenta con suficientes estudios de su impacto ambiental, ha motivado la realización de una gran “marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, que se inició ayer lunes en la ciudad de Trinidad y planea recorrer 640 kilómetros hasta llegar a La Paz.

“(Pedimos que los derechos de esta nueva Constitución se respeten, el Presidente y los ministros quieren hacer una carretera sin consultar a los pueblos indígenas”, explicó el Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Adolfo Chávez, en entrevista con Radio Nederland al dar inicio a la difícil caminata, que reúne a unas 800 personas. “No han hablado (con nosotros), sólo se han impuesto”, reclamó el dirigente, quien señaló que “no significa ser opositor por decir la verdad cuando atropellan tus derechos”. “Tienen que rectificar, (pues) nosotros hemos decidido quedar como estamos y no hemos pedido carretera. Si quieren hacer una carretera tienen que hacerla respetando el territorio”, indicó.

La carretera, que costará unos 420 millones de dólares y será financiada en su mayor parte por el banco estatal brasilero BNDES, está dividida en tres tramos y recorrerá 306 kilómetros para unir Villa Tunari, en Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en el amazónico departamento del Beni. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) aseguró que los tramos I y III ya fueron consensuados con los pueblos del área y ya cuentan con licencia ambiental, y solo faltaría el consentimiento de los indígenas que habitan en el área de influencia del Tramo II. Sin embargo, también los pobladores afectados por el tercer tramo denunciaron que el Gobierno no les consultó antes de emitir la licencia ambiental, razón por la cual rechazan el proyecto.

Los pobladores, así como investigadores y expertos en medio ambiente, señalan que la carretera no cuenta con suficientes estudios de impacto ambiental y temen que al penetrar una de las zonas mejor conservadas de la amazonía boliviana, se favorezca la deforestación, la migración de colonos y la expansión de sembríos de coca, entre otros. El tramo carretero en el TIPNIS facilitará la desforestarán de 610.848 hectáreas, es decir el 64,5% del territorio en un plazo de 18 años, estimó una investigación de Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) coordinada por María Teresa Vargas, especialista en medio ambiente y bosque.

De hecho, según un informe especial de ERBOL, la Federación del Trópico -conformada por colonos- es una de las organizaciones sociales que respalda la construcción de esta carretera, pues los ayudará a comercializar sus productos agrícolas como yuca, arroz y frutas. “Los colonizadores reconocieron que la carretera los beneficiará, pero no así a los indígenas, que están establecidos más en los polígonos 6, 5 y 4 del TIPNIS, muy al margen de la obra”, indica el informe.

Según una presentación del Foro Boliviano del Medio Ambiente (FOBOMADE), las obra beneficiará especialmente al sector empresarial brasilero, pues le ayudará a reducir enormemente sus costos de exportación al Asia. Actualmente, la principal ruta desde el sur de Brasil hacia el puerto de Mejillones, en Chile, demora 45 días en barco, bordeando el continente. En cambio esta nueva ruta permitiría reducir ese tiempo a tan sólo cuatro días.

Al no haberse realizado consulta previa, la construcción de estos tramos de la carretera viola no sólo el convenio 169 de la OIT, sino también la reciente Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia que garantiza que los pueblos originarios tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. Pese a ello, el presidente Evo Morales ha considerado que la protesta no es legítima y está manejada por intereses extranjeros alentados por la USAID. (PM)