19/08/2011 – Emblemático. Así ha sido calificado el caso de los 21 ciudadanos indígenas comprendidos en el caso Andoas, quienes acaban de ser absueltos en segunda y definitiva instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La resolución sienta jurisprudencia al rechazar el uso del Poder Judicial como instrumento para enfrentar los conflictos sociales. Como se recuerda, en marzo del 2008 las comunidades afectadas por la operación del Lote 1AB protestaron tomando el aeródromo de Pluspetrol.

Alerta Perú conversó Jorge Tacuri, el abogado que llevó de defensa de los nativos. Tacuri destacó que esta sentencia es un “precedente y un paso para derrotar la estrategia punitiva de un Estado que pretendió ver en el caso Andoas un caso de terrorismo y delincuencia para perder de vista las razones históricas de la protesta de las comunidades afectadas por contaminación petrolera”. Tacuri remarcó que la sentencia rechaza que se convierta al Poder Judicial “en un instrumento de control político de los conflictos sociales”.

Tacuri explicó que ni la Sala de Loreto ni la Corte Suprema han encontrado suficientes pruebas que incriminen a los 21 nativos encausados por los actos violentos que implicaron la muerte de un efectivo policial. Al respecto, señaló que “es potestad del Ministerio Público continuar las investigaciones” para identificar al autor de ese hecho.

El abogado destacó que la sentencia absolutoria haya recogido los informes de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia que muestran las condiciones de contaminación y marginación social en que viven estas poblaciones tras 40 años de explotación petrolera.

“El Lote 1AB afecta a tres cuencas: el río Corrientes, el río Tigre y el Pastaza”, explicó, indicando que “sólo las comunidades del Corrientes han logrado un fondo de 60 millones para el desarrollo social. Las cuencas del Tigre y el Pastaza no han logrado ningún tipo de compensación” por la persistente contaminación petrolera.

Cabe recordar que durante décadas, las aguas de producción del Lote 1AB eran simplemente vertidas a los ríos, lo que ha ocasionado que -según la DIGESA- los pobladores tengan elevados niveles de cadmio y plomo en el organismo. Gracias a las protestas de los ciudadanos indígenas, especialmente la protesta del río Corrientes el 2006, se logró aprobar la obligatoriedad de la reinyección a los pozos de esas agua contaminantes, medida que sólo se aplicó en el Tigres y el Pastaza a partir del 2009. (PM)