22/09/2011 – Compromiso. El viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, anunció esta mañana que en un plazo de 120 días su sector podría tener lista la propuesta para implementar un nuevo sistema de evaluación de impactos ambientales. Echave consideró que en el esquema actual, la evaluación ambiental se encuentra “totalmente privatizada”.

Echave señaló que actualmente cada Ministerio tiene su propia autoridad ambiental, de manera que la gestión ambiental del Estado se encuentra desarticulada. Además, cuestionó el esquema vigente, en el que las empresas interesadas en realizar una actividad contratan consultoras y hacen estudios de impacto “a su medida”. El funcionario consideró que esto constituye “la privatización total y absoluta de la política pública” y una “caricatura” de lo que debería ser un sistema nacional de evaluación de impactos ambientales, lo que explica la poca credibilidad que tiene este instrumento.

Por ello, el economista y experto en temas ambientales informó que su sector está preparando una propuesta a ser presentada en el corto plazo, en los próximos dos meses, para ser discutida por la opinión pública, la sociedad civil y el poder Legislativo. Entre las características de esta propuesta, Echave planteó el establecimiento de un fideicomiso, pagado por las empresas interesadas y gestionado por el Estado, que sería el encargado de contratar a las consultoras especializadas. De esta manera, la realización de los estudios de impacto ambiental para actividades extractivas y otro tipo de proyectos podría recuperar independencia y credibilidad.

El proceso de evaluación ambiental y participación ciudadana está bajo “control absoluto” de las empresas, señaló Echave, quien comentó que incluso ha recibido denuncias de “autoridades locales que han sido interceptadas en la carretera e impedidas de ingresar” a las audiencias públicas. Así, algunas empresas se aseguran que en las audiencias sólo haya opiniones favorables a los proyectos extractivos. “Consideramos que esto es inaceptable”, indicó.

Luego de realizado el estudio de impacto ambiental (EIA), este debería ser sometido a una evaluación como la que realizó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para el caso de Tía María, señaló Echave. Como se recuerda, la UNOPS presentó 138 observaciones al EIA, considerando elementos que no suelen ser tomados en cuenta por el Ministerio de Energía y Minas, encargado de aprobar este tipo de estudios. De ser el caso es necesario considerar abierta la posibilidad de que el EIA “ni sea aprobado”, señaló Echave, indicando que en los últimos años ningún EIA de proyectos de envergadura ha dejado de ser aprobado por el MINEM.

En el nuevo esquema de evaluación ambiental, Echave consideró que el Ministerio del Ambiente debería tener mayor protagonismo. “Es una política de Estado”, señaló, por lo que descartó que otros sectores que actualmente tienen competencias en este tema vayan a ofrecer resistencias a los cambios propuestos. El funcionario también señaló que parte del reto incluye una mejor articulación con los gobiernos regionales y locales.

Echave no dejó de comentar que, ante los cambios que su sector está trabajando, los poderes fácticos ya están realizando una serie de lobbies y presiones. “Si ustedes supieran lo que se ve... La realidad supera a la fantasía”, comentó irónicamente al tiempo de rechazar estas presiones.

Las declaraciones tuvieron lugar durante el conversatorio "Retos para un nuevo acuerdo social y ambiental en torno a la minería", organizado por la Red Muqui y por Comunicaciones Aliadas la mañana de hoy.

Minería informal

En otro momento, el viceministro reconoció que “a minería informal es un problema que está fuera de control”. “No hay región donde no haya minería informal, incluso en Lima, en Carabayllo y la cuenca del Chillón, hay minería aurífera”, señaló. Así mismo remarcó que hay una grave devastación de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios.

Al respecto, calificó el decreto 012, dictado por el Gobierno anterior para combatir esta problemática en Madre de Dios, como una intervención “de emergencia, puntual y efectista”. Además, señaló que el propio Estado ha seguido “echando combustible”, pues el INGEMMET ha seguido otorgando concesiones auríferas en esa zona incluso luego de la emisión del decreto 012. Frente a ello, Echave indicó que el sector viene trabajando “una política que pueda ser sostenible en el tiempo” y que aborde el tema de una manera más integral y en todas las regiones del país. (PM)