Conozca a los “caviares” de los derechos humanos
05/10/2011 – Estos son, aquí están. Con motivo de realizarse una Asamblea Extraordinaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el programa Lo Justo realizó un interesante reportaje que permitió conocer a los “caviares” defensores de los derechos humanos provenientes de lugares tan distantes como el Putumayo, el Alto Huallaga o Sicuani.
“Es un reportaje a los activistas y defensores de los derechos humanos que participan de la Coodinadora, lo que Aldo Mariátegui llamaría 'los caviares'”, ironizó Rocío Silva, conductora del espacio y secretaria ejecutiva de la CNDDHH. Pues bien, ¿quiénes son estos “caviares” que, según el difundido mito, viven cómodamente gracias a la cooperación internacional con la excusa de la defensa de los derechos humanos?
El reportaje presentó los casos de Javier Reátegui, del Comité de Derechos Humanos (CODEH) del Putumayo, en Loreto, a 15 días de viaje por río desde Iquitos; de Rosalía Storck, del CODEH del Alto Huallaga; de Ruth Luque, de la Vicaría de Sicuani; de la hermana Patricia Ryen, activista de los temas de medio ambiente y derechos humanos en Puno; y de Jorge Camacho, miembro de GRUFIDES, de Cajamarca.
“El comité de DDHH, desde su creación hace más de 10 años en la zona fronteriza de Loreto, distrito de Putumayo, viene trabajando en la promoción, defensa y educació sobre DDHH”, explicó Reátegui. “Por ser un lugar alejado, las personas son vulneradas en sus derechos por parte de autoridades, civiles, militares y también de personajes del país vecino (Colombia)”, señaló. En la zona “no llegan con las ayudas que necesitan estos pueblos, las obras son escasas. Y estoy hablando de Estrecho que es capital del distrito... Menos aún en las comunidades, que tienen más problemas”, señaló el activista.
Por su parte Ruth Luque, abogada de la Vicaría de Sicuani, destacó que los problemas principales vinculados a los derechos humanos en la región Cusco tienen que ver con los conflictos sociales por megaproyectos, como en el caso de Majes Siguas, de la minera Xtrata, entre otros, por la falta de controles medioambientales para garantizar el derecho a la vida y salud de la población; y la criminalización de la protesta social. “Tenemos muchos dirigentes siendo procesados, sometidos juicios, ninguno en cárcel pero sí sometidos a largos procesos judiciales sin pruebas de una participación delictiva”, señaló. “Hay un sometimiento a un desgaste por estos procesos judicialeas”, denunció.
Rosalía Stork, defensora de derechos humanos en la conflictiva zona del Alto Huallaga (Lo Justo)
En tanto, Rosalia Storck, del CODEH del Alto Huallaga, en una de las zonas más conflictivas de Huánuco, donde aún se vive la amenaza permanente de las columnas armadas de Artemio y del narcotráfico, también señaló los problemas principales de la región. “Hay minería informal, extracción de oro de los ríos de la zona, lo que genera problemas de salud en la población. Esto trae proxenetismo, hay gente de la zona conectada con otras zonas para llevar a menores de edad a prostituirse en los bares” señaló. También indicó que el narcotráfico sigue siendo una actividad permanente en la zona, y destacó que los cultivos alternativos no están teniendo los resultados esperados porque “se ha promovido su cultivo pero no su comercialización. La gente regresa a la coca para el narcotráfico, que es el mercado número uno al que la población tiene acceso, porque son familias que tienen que brindar educación, salud, subsistencia a sus hijos” y no encuentran mercado ni buenos precios para otros productos. “La mirada del Estado sólo es represiva” en este tema, destacó.
Patricia Ryen, por su parte, religiosa que vive en Puno, denunció que en la región “casi todas las fuentes de agua están contaminadas. Esto es por falta de plantas de tratamiento y por la minería irresponsable, a todo nivel, tanto grande, mediana, pequeña, artesanal informal, todos están contaminando y por lo tanto la población está tomando agua contaminada, esto afecta también las actividades agropecuarias, la pesca y el turismo”. “Es muy grave”, señaló. “La población no está necesariamente contra la minería pero sí contra la contaminación, y contra la falta de respeto a los derechos de las comunidades campesinas, aymaras y quechuas. Quieren ser respetados y que la madre tierra sea respetada y protegida”, consideró.
Por último, Jorge Camacho, de la organización ambientalista GRUFIDES con sede en Cajamarca, señaló que en la norteña ciudad se está sufriendo de la escasez del agua y de racionamientos en este servicio básico. “La empresa de agua potable (SEDACAJ) tiene una explicación oficial, que la población ha aumentado y las lluvias han disminuido. Pero la población no ha crecido tanto en los últimos 10 años como para tener racionamientos casi el 50% del día. Eso es muy irregular. Yo creo que hay una relación muy fuerte de este fenómeno con la presencia de la Minera Yanacocha, que se ubica sobre las fuentes de agua que abastecen a la ciudad”, señaló. Consideró que la minería a tajo abierto es peligrosa pues es intensiva en la movilización de tierra y compromete a los cuerpos de agua. Además, denunció que existen numerosos pasivos mineros en la región y que este problema aún no se soluciona. “En Hualgayoc tenemos cientos de kilómetros de socavón abandonados hace décadas que siguen drenando aguas ácidas y no hay forma de controlarlo”, indicó.
“Estas son personas que están trabajando en diferentes lugares del Perú”, destacó Rocío Silva, “y son personas que tienen que entregar mucho y ganar muy poco para hacer el trabajo difícil que realizan”. Silva consideró que estos son ejemplos que “deben inspirarnos en esta lucha para presentar a los derechos humanos como algo que nos pertenece a todos los peruanos”.
