Bethsabe H, escritora y feminista

Cumpliendo lo estipulado en la sentencia que en noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó para el caso Campo Algodonero contra el Estado Mexicano, se inauguró la semana pasada, el monumento a las víctimas, irónicamente erigido entre las avenidas Ejército Nacional y Paseo de la Victoria, Ciudad Juárez, Chihuahua.

El monumento intenta redimir el asesinato de Esmeralda Herrera Monreal de 15 años, Laura Benerice Ramos Monarrez de 17 años y Claudia Ivette González de 20 años, en los que el Estado Mexicano se vio implicado por denegación de justicia en relación con la desaparición y homicidio de las víctimas; falta de políticas de prevención en estos casos pese al conocimiento por parte de las autoridades estatales de la existencia en Chihuahua de un patrón de violencia contra mujeres y niñas; falta de respuesta de las autoridades frente a estas desapariciones; falta de la debida diligencia en la investigación de los homicidios, falta de reparación adecuada en favor de sus familiares.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló entre otra cosas, que el Estado  incumplió con su deber de investigar, y con ello su deber de garantizar, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monarrez y Esmeralda Herrera Monreal. La sentencia se dictó para estas tres jóvenes, aunque en el Campo Algodonero aparecieron en noviembre del 2001 cinco víctimas más ─María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia─, una de ellas todavía no identificada. La identidad de estas jóvenes se logró gracias al apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense y solo en un caso por las autoridades mexicanas.

La recepción de esta obra en la sociedad ha sido negativa, principalmente porque las muertes siguen ocurriendo, porque los culpables no han sido castigados, porque la impunidad y la violencia no se han modificado en Ciudad Juárez; por el contrario, se ha incrementado desde que en 1993 empezaran los primeros asesinatos, torturas y violaciones a mujeres, jóvenes y niñas.

Otra de las causas del malestar en la población es que con casi veinte años de muertas, el gobierno envió representantes de rango medio para la ceremonia, que ya pone en falta a México, pues ha dejado en claro su ineficiencia, su corrupción y su desinterés para enfrentar, por sí mismo y sin la presión internacional, el dolor de las familias y de las víctimas de estos atroces hechos de muerte. El que la ceremonia no estuviera presidida por el presidente en persona, no Felipe de Jesús Zamora Castro quien estuvo al frente sino Felipe Calderón, invita a creer que más allá de monumentos, el Estado Mexicano no está interesado en el tema.

Aunque la noticia ha repercutido en distintos medios, a lo largo y ancho del mundo, las palabras de perdón parecen tardías, sino cínicas, frente a un panorama que se ha continuado y que ahora también ha cobrado como víctimas a las madres, huérfanas de hijas, que se han comprado el pleito, las que siguen en la lucha, como lo demuestran los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez.

Si bien se puede pensar que estas niñas han sido redimidas, hay una larga lista, que para algunos llega a miles, para otros se queda en cientos, que todavía claman por justicia. Algunos de los familiares de casos todavía sin sentencia o que han padecido los mismos tipos de boicots ─irregularidades en el proceso, mentiras, pérdida de pruebas, desdén, re victimización, construcción de pruebas falsas, inculpación de familiares, acoso, persecusión, humillación, entre otros─ que en el Campo Algodonero, se acercaron a la ceremonia a protestar: "No queremos mausoleos, queremos dejar de encontrar a nuestras hijas muertas".

La familia de Edgar Alvarado Cruz, el único imputado por los crímenes del Campo Algodonero pidió que se reabra el caso pues se ha denunciado que su confesión de homicidio fue sacada bajo tortura, además de otras irregularidades que tiene su proceso, pues si bien hay indicios para identificar que las ocho víctimas fueron asesinadas por la misma persona, Edgar Alvarado Cruz solo ha sido culpado por uno de los asesinatos.

La otra situación que indigna es que se han gastado más de un millón de dólares en este monumento, cuando tanto los familiares como la sociedad son de la opinión que hubieran tenido mejor destino en un sinfín de medidas preventivas o compensatorias. De otro lado, otros puntos de la sentencia como las sanciones a los policías que no atendieron inmediatamente los casos de desapariciones o los asesinatos, así como la sanción a los culpables, siguen sin cumplirse. Sin duda que un monumento es mucho más sencillo de hacer, que poner orden y vigilar por que se haga justicia, cuando esto implica mover las aguas turbias de la corrupción, la impunidad y el delito.

Para muchos este monumento es un mórbido gesto de atracción turística, para otros la prueba de la vergüenza y de la injusticia que hoy reina en Ciudad Juárez y que se está extendiendo a todo el país.

Más información:

http://nortedigital.mx/noticias/portada

http://www.campoalgodonero.org.mx/

http://www.cladem.org/

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